Sobre el discurso de Benedicto XVI en el Bundestag en la Razón

Creo que el discurso se refiere a los riesgos actuales de abandonar la referencia a la dignidad y a los derechos fundamentales por parte de las mayorías parlamentarias.

29 Septiembre 11 - -

En su reciente alocución en el Bundestag, Benedicto XVI recordó la frase de San Agustín en la que se han formado todos los que dudan de la deificación del Estado: «Remota iustitia quae sunt regna, nisi magna latrocinio». Es pues la justicia lo que diferencia el puro abuso del poderoso de la organización social legítima.
Pero precisamente en el edificio cuyo incendio sirvió de excusa a la deriva total del régimen nazi, Joseph Ratzinger, hablando como él dice en nombre de «su responsabilidad internacional», recordó también que ese abuso puede realizarse a través de las mayorías.
Es más, podemos decir que el abuso más completo contra la dignidad y los derechos fundamentales se realiza  con mayor perfección cuando la mayoría queda comprometida con la raza o la clase y se puede señalar a unos parias  minoritarios como víctimas de esa acción de «remota iustitia».
La dignidad y los derechos fundamentales aparecen, por lo tanto, como el referente que distingue la acción legítima de la ilegítima, un canon de justicia que está en la base de la mejor tradición occidental y que, anteriormente incluso a la cristianización, buscaba en la realidad un elemento normativo que evitase el riesgo que señalaba el propio Cicerón cuando decía que si fuese Derecho lo que ha sido establecido por decisión de los pueblos, por decreto de los príncipes o por sentencia de los jueces, sería Derecho el robo, el adulterio, los testamentos falsos, siempre que hubiere sido admitido así por acuerdo de la multitud.
El discurso de Benedicto XVI ha sido una llamada a los parlamentos occidentales a recordar dónde se encuentra la base de la tradición occidental en un esfuerzo de encontrar una razón normativa que sirva de límite al abuso del poderoso, pero es también un recuerdo de cómo sin esa referencia se pueden legalizar las mayores atrocidades.
En un titular simple alguien decía que «Ratzinger condena el nazismo en el Bundestag». Más bien parece que utilizaba la comparación para recordarnos a todos la barbarie que puede encubrirse bajo la ley de las mayorías y el nombre del Derecho.

José Miguel  Serran

Sobre las huelgas en educación

Hoy en el Confidencial Digital: Son los Sindicatos

Estoy de acuerdo con Fidalgo cuando afirma que los empleados, también los públicos, se movilizan cuando perciben una variación de las condiciones de trabajo y no cuando ven una norma en el BOE.

Pero supongo que él tendría que admitir que las movilizaciones requieren una preparación e infraestructura, una articulación sindical. Es cierto que hay movilizaciones espontáneas y sublevaciones de grupos de trabajadores pero suelen darse en una sola empresa, no en un grupo tan difícil de coordinar como los profesores de enseñanza media.

Problemas para los licenciados. Publicado en El confidencial digital.

Creo que se esta tratando poco de este tema que es muy importante en el futuro de los estudiantes de Derecho.

Recuerdo que una de las bondades atribuibles a Bolonia es que facilitaría el acceso a un número alto de profesiones en cuatro años.

La combinación del desarrollo de los nuevos másteres de acceso a la abogacía  con el final de las licenciaturas de Derecho en cinco años y las dobles licenciaturas en seis va a tener un efecto no deseado sobre muchos de los grupos de alumnos que terminarán la carrera de Derecho en los próximos tres años.
Empezamos por lo más obvio. Los alumnos que terminen en septiembre la licenciatura tendrán dos años para darse de alta sin el máster. De hecho un buen número de ellos y de quienes acabaron antes ya están acudiendo a los colegios. Los de febrero tienen que esperar a septiembre próximo para darse de alta en los másteres que desarrollarán  los colegios en colaboración con las universidades. Quiere decirse que respecto al acceso a la profesión estos suspensos de septiembre pierden dos años. Los que deben terminar quinto de Derecho en Junio de los tres próximos años  se ven proyectados hasta los seis años de estudios, ciertamente un perjuicio que no les es atribuible.
Pero vayamos ahora a los alumnos de dobles licenciaturas. Los de doble licenciatura de Derecho mas ADE, y cuando están a extinguir las licenciaturas de cinco años  deberían terminar en seis años los estudios. Cierto que algunos adelantan materias de Derecho para terminar en cinco años. Pero si imaginamos que cumplen el plan académico tal como esta previsto, si les sumamos el máster a partir de este septiembre nos vamos a siete años, lo que no está mal,  casi un médico. Puede argumentarse que la nueva situación persiste sólo tres cursos en un número limitado de alumnos. Pero esto no es tan claro, al menos por dos circunstancias.
Una es que los dobles grados, al menos en mi Universidad, se están diseñando en cinco cursos y medio, es decir, seis,  para no superar el máximo de carga docente. Si a estos le sumamos el máster profesional nos volvemos a ir a cerca de siete años para estar en condiciones de ejercer la profesión de abogado.
Por otra parte, es preciso considerar la proporción de alumnos que superan las asignaturas en primera convocatoria y la de aquellos que pasan “limpios” como se dice en el argot. Algunas Facultades de Derecho están dando proporciones del 10% de alumnos que superan todas las materias en el primer cuatrimestre. Esto permite un augurio pesimista sobre el número de alumnos que efectivamente acaben el grado en cuatro años.
Recuerdo que una de las bondades atribuibles a Bolonia es que facilitaría el acceso a un número alto de profesiones en cuatro años. Se ve que esto no va a ser así en las profesiones jurídicas, no sé si estamos dando muchas vueltas para que todo siga igual o peor, en un proceso de acumulación de asignaturas y de perpetuo cambio de planes de estudio.

Sobre la responsabilidad colectiva y agresión a civiles

Aquí hay un link sobre responsabilidad colectiva y ataques a civiles.
http://lewrockwell.com/dilorenzo/dilorenzo213.html

Los civiles en Libia.

Empiezo con alguna entrada no publicada, para que no parezca que el blog es un puro refrito de otros medios. Supongo que eso entrará en el manual de buen blogero.

Civiles desaparecidos. Por José Miguel Serrano.

Una de las características del periodismo, especialmente contemporáneo, es la aparición o desaparición de noticias a conveniencia, eso que se llama el foco de la noticia. Esto es muy sabido, en cambio no prestamos  a mi parecer suficiente atención al hecho de la desaparición de ciertos tópicos dentro de la noticia. Tópicos tan importantes que a veces han justificado intervenciones militares y, de facto, derrocamientos de regímenes.

Uno de esos tópicos es el de los civiles. Si se observa en Libia cuando comenzó el conflicto había muchos civiles, todos perseguidos y agredidos por las fuerzas gadafistas. De hecho esos civiles han sido el casus belli que provocó la intervención de la OTAN o más bien de la OTAN a medias, o si se quiere de ingleses y franceses con la comparsa. Yo entiendo que el derecho bélico tienda a proteger a la población civil y por supuesto entiendo que se sancione a la potencia media que actué contra ellos; las grandes potencias son otra cosa como es sabido. No me refiero por ello a que el tópico carezca de importancia sino a su sorprendente aparición y desaparición.

Ahora que se están atacando los lugares claves gadafistas la preocupación por los civiles parece haberse esfumado pues al parecer  que no es lo mismo uno de Bengasi que los cercados de Sirte. Es cierto que todo esto empezó como una zona de exclusión aérea y que los rebeldes no bombardean por aire, para eso han tenido a la OTAN, que no se puede excluir a sí misma, o bombardearse que sería el colmo de los colmos.

Entiéndaseme, yo comprendo que los anglosajones se la guarden a Gadafi por Lockerbie, que fue una barbaridad no castigada,  e incluso que ciertas potencias pujen fuerte por el petróleo. Pero para no caer totalmente en el cinismo deberían cuidarse las justificaciones un poquito más. Si no se encontraron armas de destrucción masiva en Irak ahora parece que se han esfumado los civiles en Libia.

En el confidencial digital sobre la situación de los funcionarios.

En un sistema neocorporativista clásico la cúpula de las organizaciones empresariales constituye parte del gobierno del Estado, junto a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las autoridades locales.

En España especialmente la relación entre esa parte de la oligarquía con el Gobierno ha sido notable. Conviene recordar, en ese sentido, que la CEOE se mostró  pro zapateriana en la semana antes de las elecciones y que las críticas al Gobierno se han limitado a una nueva toma de posición cuando era evidente que se acercaba un cambio de Gobierno. Como parte  del conglomerado gubernamental no es fácil encontrar advertencias de la organización empresarial proponiendo realmente una nueva política económica. Estuvieron en el ladrillo hasta agotarlo y luego no se mostraron críticos con el despilfarro del Plan E, pues ya se sabe que los principales beneficiarios fueron la parte de los asociados que vive de las concesiones y la obra pública. No quiero ser injusto ; en eso andamos todos desde que el Estado ocupó áreas crecientes de la actividad social, desde la Sanidad hasta la Educación. Pero deberá reconocerse que el convolutto ha sido muy notable en algunas autonomías, y entre ellas destaca la catalana.

Por ello es obsceno que miembros del aparato corporativo carguen contra los empleados públicos cada vez que se produce una crisis, pues ya se sabe que lo más fácil es la reducción de sueldos en esa área. Bien está que se replantee el estado del bienestar pero no parece muy correcto que todo siga igual salvo en un determinado punto, precisamente en el grupo funcionarial que es el que ha perdido más poder en la partitocracia .

Es cierto que los tópicos que manejamos algunos funcionarios pueden ser falsos. El espíritu de servicio, la necesidad de independencia, la función social de la sanidad o de la educación o la policía, resultan unas  veces desmentidos y otras no justifican determinadas condiciones de trabajo. Por otra parte, la promoción por mérito y capacidad es al menos tan escasa como en el resto de los ámbitos sociales.

Pero permítaseme una contracrítica, ¿Qué capacidad emprendedora o qué creación de puestos de trabajo realiza quien recibe la privatización política de un servicio público? ¿Qué crearon en España las fortunas de las recalificaciones? ¿Qué ha creado todo el embrollo de las exenciones fiscales políticas? Finalmente puestos a hacer análisis críticos habría que aclarar donde se concentra el fraude fiscal. Algunos adoptan la posición de críticos con excesiva facilidad. Consejos doy que para mí no tengo

Sobre el caso Ramona Estévez en la Razón

11 Septiembre 11 - - José Miguel Serrano

 ¿Estámos ante un caso de eutanasia encubierta con Ramona Estévez?
–Resulta llamativo que la portavoz de la Asociación Pro eutanasia, tras intentar convencernos de que la retirada de alimentación a Ramona no es una eutanasia, insista en que la única forma de poner fin a las dos semanas que sobrevivió a la retirada de la alimentación hubiese sido una muerte piadosa. La cuadratura del círculo consiste en afirmar que el único medio de aplicar humanitariamente el supuesto derecho a la retirada de cuidados, «que evidentemente no es una eutanasia», es legalizar una eutanasia directa, habida cuenta de que el medio indirecto en pacientes en coma se prolonga en el tiempo.

¿Es ético retirar la alimentación sin existir un testamento vital por parte del paciente?
–Es paradójico que el súmmum de la aplicación del respeto a la voluntad del paciente, tópico explícito de la «muerte digna» andaluza, se logre sin ninguna manifestación de voluntad por parte del paciente, que queda sujeto sin ningún medio jurídico comúnmente aceptado a la plena voluntad de un pariente.

¿Están indefensos los pacientes ante estos casos?
–Sin testamento vital, en contra del criterio del equipo que trata al enfermo incompetente, sin intervención de ninguna institución jurídica independiente, la decisión maximalista de una persona que exige la retirada del tratamiento se aplica por las instancias administrativas sin que quepa recurso jurídico pues la Fiscalía se inhibe y los tribunales no consideran parte interesada a las asociaciones que luchan por la protección de los derechos en la fase final de la vida. Ya no hay duda, la ley andaluza se traduce en un solo lema : «in dubio pro morte».

Artículo en El Confidencial sobre recortes sociales.

Supongo que debemos ir aprendiendo de uruguayos y argentinos la condición de nuevos pobres, aunque ciertamente nosotros no hemos disfrutado colectivamente de los años dorados que los situaban como posibles países más ricos del mundo.

Y supongo que junto a un cierto deje escéptico, lo mejor que pueden enseñarnos, deberíamos aprender de sus errores, para no repetirlos. De estos  probablemente el mayor fue dejarse aplastar por un supuesto “estado social” que recaía sobre la sociedad para mantener subvenciones políticas cuya única función era el apoyo populista, en unos casos, o el temor a revueltas sociales contra las dictaduras, en otros.
Quiere decirse que en nuestra nueva y dramática situación debemos optar entre observar un lento y progresivo deterioro de todos los servicios prestados por las administraciones públicas, desde la educación a la sanidad, desde las carreteras a los alumbrados públicos, las instalaciones deportivas, las bibliotecas (que alguna hay), o bien emprender una discusión que permita priorizar razonablemente y podar lo que se pueda para mantener correctamente lo imprescindible.
Pienso entonces que lo que se trata es de decir donde se recorta y donde se mantiene a fin de superar la bancarrota en la que nos encontramos y digo bancarrota pues no podemos pagar, por un lado, y por otro sólo obtenemos un crédito subsidiado sujeto a duras condiciones.
Centrado el debate en donde deben producirse los recortes, hay que  dejarse de eufemismos y de tópicos. Por supuesto que se van a recortar gastos de los llamados sociales, de hecho ya el gobierno socialista con pensiones, sueldos y ayudas básicas ha actuado así, por cierto de forma indiscriminada.
Para observar la sinceridad de los responsables públicos los ciudadanos deberíamos exigir una concentración de los recortes en los aparatos de poder, es decir, en los medios con los que   los grupos dominantes reproducen su dominio y con los que premian a los distintos grupos de la Oligarquía. En este sentido sorprende la agresividad dialéctica y recortadora contra los funcionarios que prestan servicios básicos, directamente, es decir, contra la tropa mientras no se habla tanto, al menos por algunos, sobre los sistemas de control y poder.
Como decimos para creer en la sinceridad de lo que se hace es preciso que se actúe recortando en mucha mayor proporción en los elementos claves de la oligarquía. Especialmente destacan las subvenciones políticas y sindicales,( la derecha actúa algo sobre las segundas pero no se ha visto el mismo entusiasmo en las primeras), los medios de creación de las identidades “nacionales”,( ahí no se ha reducido ni un duro) los medios de comunicación públicos ( si el recorte medio es del veinte por ciento en alguna comunidad aquí debería ser el doble), la subvención ideológica a los aparatos culturales ( que decir del Psoe que se despide repartiendo pasta a sus artistas) y los INIllos que han surgido por doquier y que, por ejemplo, en Castilla la Mancha ya se están eliminando.
Supongo que no bastará y hay que decidir que aeropuertos se cierran, que autopistas se mantendrán preferentemente o que líneas de AVE, incluso recién abiertas se van a quedar sin servicio.
Si naciones tan queridas como Argentina han sido un ejemplo de lo que no debió hacerse, otras como Gran Bretaña nos muestran como desde la postración se puede iniciar un relanzamiento; mas recientemente la propia Alemania ha actuado en el mismo sentido. Pero para todo ello hay que hablar más claro y discutir más directamente

Sobre el caso de Ramona Estévez en la razón. Deshidratación provocada.

Adjunto un breve artícuo sobre Ramona Estévez en La Razón.
En apenas una semana hemos asistido a una muerte por cambio de opinión de un comité ético y a otra, por disposición administrativa. Me parece especialmente grave la segunda pues se hace patente que las consejerías de Salud adquieren poderes sobre enfermos que no tiene el Tribunal Supremo sobre genocidas, por ejemplo. Prueba, especialmente el caso de Ramona Estévez, que una cosa es pedir respeto a la «autonomía del paciente», tópico que todo lo cubre, y otra, lo que sucede realmente. En Huelva, contra el parecer del equipo médico que invocaba la lex artis, a petición del familiar de una paciente que probablemente ha claudicado, se retira un medio de cuidado mínimo que no produce efecto contraindicado, sino tan sólo mantiene con vida a una persona que de retirarse el medio muere por el proceso «natural» de deshidratación. No hay ningún respeto a decisión alguna del paciente, pues el tópico de lo que «supuestamente se dijo en una conversación» no sería aceptado en ninguna decisión jurídica en España, pero sí es aceptable, al parecer, cuando se trata de aplicar el terrible «in dubio pro muerte». La decisión que está imponiendo la asociación eutanásica AMD a través de las autoridades administrativas socialistas es la retirada del medio de hidratación del enfermo en coma en enfermedad avanzada. Esto no se puede justificar desde la voluntad del paciente, no manifestada, ni desde el sufrimiento, que no existe en el paciente en esa situación salvo que efectivamente se le deshidrate. La única explicación que queda es el criterio de vidas que no merecen la pena ser vividas, que es un tópico clásico de la eutanasia sin voluntad del paciente. Nuestra situación es especialmente grave respecto a otros países como EE UU, donde aún admitida la no aplicación de tratamientos de forma muy radical, siempre hay intervención judicial en caso de la menor duda y, desde luego, cuando no hay documento expreso. Aquí nuestra complaciente fiscalía no tiene interés alguno en instar la acción judicial y esta a su vez se ve mediatizada por una lectura disparatada del poder de los parientes sobre pacientes que son declarados incompetentes desde el punto de vista médico. Se prueba también la utilidad de los defensores varios, del paciente, del pueblo español, del pueblo andaluz, que sólo están para mantener costosas oficinas.