domingo, 21 de septiembre de 2014

El valor de la palabra dada. Hoy en La Razón.

La palabra dada. Por José Miguel Serrano. Miembro del Comité de Bioética de España.
Cuando el Gobierno Zapatero, maximalista rompedor de acuerdos constitucionales, radical, que pretendió expulsar a la mitad del espectro político español del orden político reconstruido, revanchista, constructor de un cordón sanitario contra el Partido Popular, lanzó la Ley Aido, el Partido  ahora gobernante entendió que la citada norma, que pasaba por encima de las exigencias constitucionales de protección de la vida humana naciente, era una norma inconstitucional. No sólo se aprobaba sin el acuerdo del principal partido de la oposición sino que creaba una regulación radical que se oponía a lo legislado en 1978. En última instancia rompía las exigencias del propio Tribunal Constitucional que definía lo que se había constitucionalizado unos años antes. Por eso el Grupo Popular planteó un recurso de inconstitucionalidad. Frente a lo que se ha dicho por algún bobo, un recurso de inconstitucionalidad no se plantea por alguna duda, eso es una frivolidad, sino por la convicción de que una norma es  contraria a la Constitución. Los motivos por la que la Ley Aído es contraria a la Constitución Española están expresadas en el recurso que el Grupo Parlamentario Popular presentó ante el Tribunal Constitucional, En él todos los firmantes, sin excepción, se retratan sobre lo que opinaban ante la norma radical construida sobre el concepto de salud sexual y reproductiva y que ignora voluntariamente lo que protege la Constitución española. Esto es, el derecho a la vida de concebido no nacido.
Posteriormente, la reacción ante  el radicalismo zapateriano dio lugar a un nuevo gobierno, con mayoría parlamentaria suficiente para enmendar los agravios cometidos unilateralmente durante aquel periodo. Agravios que llevaron a la exclusión de un amplio número de ciudadanos y de su representación política de la vida pública. Entre estos agravios no era el menor el sectarismo antivida que pudimos ver en aquellos años.
El Gobierno que nació de la respuesta cívica a todo aquel atropello estaba plenamente justificado para emprender una labor legislativa que pusiera fin a tanto abuso. Cuando alguien plantea ante el Tribunal Constitucional no la duda  sino la convicción, de que algo es gravemente atentatorio contra el derecho sustentatorio de todos los derecho: el derecho a la vida, luego no puede hacer un como si- Un como si no hubiera pensado eso, como si no hubiera una convicción de constitucionalidad, como si no hubiera adquirido una obligación ante sus electores.
El Gobierno Popular, en consecuencia, planteó una legislación correctora del abuso  perpetrado por el maximalismo zapaterista. Y ha actuado correctamente. Elaboró un Antproyecto  centrado en la protección de la vida prenatal y en la defensa de los derechos de la mujer embarazada. Lo sometió, con el suficiente tiempo, a informe de los órganos asesores del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Comité de Bioética de España. Debo recordar que la radical Ley Aido no consiguió dictamen del CGPJ, tuvo una feroz crítica del Consejo Fiscal y no pidió informe al Comité de Bioética de España.
Los dictámenes del Proyecto Gallardón , por el contrario, han obtenido una clara unanimidad.  Los órganos asesores del Estado y sus miembros hemos podido discrepar en aspectos de la nueva ley, eso es lo lógico, pero no en su necesidad, en su exigencia desde las perspectivas de justicia y de la constitucionalidad.
Finalmente, cuando todos esperábamos un Proyecto final  que recogiese las posiciones manifestadas,  y que diera lugar al debate parlamentario que sirve para construir una ley libre de las objeciones hasta ahora planteadas , nos encontramos con una inexplicable retirada a la mitad del proceso, como si toda esta labor de presentar recursos de inconstitucionalidad,  programas electorales,  anteproyectos de ley, informes de órganos de rango constitucional y legal, fuera una labor frívola, enmendable en un cursillo de verano en Sigüenza.
De defensor del orden jurídico esencial, del acuerdo constitucional, el Gobierno puede pasar a un oportunista calculador de beneficios y perjuicios a corto plazo. Uno se retrata por sus actos y se define por sus cumplimientos e incumplimientos.







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