La palabra dada. Por José Miguel Serrano. Miembro del Comité
de Bioética de España.
Cuando el Gobierno Zapatero, maximalista rompedor de
acuerdos constitucionales, radical, que pretendió expulsar a la mitad del
espectro político español del orden político reconstruido, revanchista,
constructor de un cordón sanitario contra el Partido Popular, lanzó la Ley
Aido, el Partido ahora gobernante
entendió que la citada norma, que pasaba por encima de las exigencias
constitucionales de protección de la vida humana naciente, era una norma
inconstitucional. No sólo se aprobaba sin el acuerdo del principal partido de
la oposición sino que creaba una regulación radical que se oponía a lo
legislado en 1978. En última instancia rompía las exigencias del propio
Tribunal Constitucional que definía lo que se había constitucionalizado unos
años antes. Por eso el Grupo Popular planteó un recurso de
inconstitucionalidad. Frente a lo que se ha dicho por algún bobo, un recurso de
inconstitucionalidad no se plantea por alguna duda, eso es una frivolidad, sino
por la convicción de que una norma es contraria a la Constitución. Los motivos por
la que la Ley Aído es contraria a la Constitución Española están expresadas en
el recurso que el Grupo Parlamentario Popular presentó ante el Tribunal
Constitucional, En él todos los firmantes, sin excepción, se retratan sobre lo
que opinaban ante la norma radical construida sobre el concepto de salud sexual
y reproductiva y que ignora voluntariamente lo que protege la Constitución
española. Esto es, el derecho a la vida de concebido no nacido.
Posteriormente, la reacción ante el radicalismo zapateriano dio lugar a un
nuevo gobierno, con mayoría parlamentaria suficiente para enmendar los agravios
cometidos unilateralmente durante aquel periodo. Agravios que llevaron a la
exclusión de un amplio número de ciudadanos y de su representación política de
la vida pública. Entre estos agravios no era el menor el sectarismo antivida
que pudimos ver en aquellos años.
El Gobierno que nació de la respuesta cívica a todo aquel
atropello estaba plenamente justificado para emprender una labor legislativa
que pusiera fin a tanto abuso. Cuando alguien plantea ante el Tribunal Constitucional
no la duda sino la convicción, de que
algo es gravemente atentatorio contra el derecho sustentatorio de todos los
derecho: el derecho a la vida, luego no puede hacer un como si- Un como si no
hubiera pensado eso, como si no hubiera una convicción de constitucionalidad,
como si no hubiera adquirido una obligación ante sus electores.
El Gobierno Popular, en consecuencia, planteó una
legislación correctora del abuso perpetrado por el maximalismo zapaterista. Y
ha actuado correctamente. Elaboró un Antproyecto centrado en la protección de la vida prenatal
y en la defensa de los derechos de la mujer embarazada. Lo sometió, con el
suficiente tiempo, a informe de los órganos asesores del Estado. El Consejo
General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Comité de Bioética de España.
Debo recordar que la radical Ley Aido no consiguió dictamen del CGPJ, tuvo una
feroz crítica del Consejo Fiscal y no pidió informe al Comité de Bioética de
España.
Los dictámenes del Proyecto Gallardón , por el contrario,
han obtenido una clara unanimidad. Los
órganos asesores del Estado y sus miembros hemos podido discrepar en aspectos
de la nueva ley, eso es lo lógico, pero no en su necesidad, en su exigencia
desde las perspectivas de justicia y de la constitucionalidad.
Finalmente, cuando todos esperábamos un Proyecto final que recogiese las posiciones
manifestadas, y que diera lugar al
debate parlamentario que sirve para construir una ley libre de las objeciones
hasta ahora planteadas , nos encontramos con una inexplicable retirada a la
mitad del proceso, como si toda esta labor de presentar recursos de
inconstitucionalidad, programas
electorales, anteproyectos de ley,
informes de órganos de rango constitucional y legal, fuera una labor frívola,
enmendable en un cursillo de verano en Sigüenza.
De defensor del orden jurídico esencial, del acuerdo
constitucional, el Gobierno puede pasar a un oportunista calculador de
beneficios y perjuicios a corto plazo. Uno se retrata por sus actos y se define
por sus cumplimientos e incumplimientos.