Compromisos con el artículo 15 de la Constitución. Por José
Miguel Serrano.
El reconocimiento del derecho a la vida de todos, se
entiende de todos los seres humanos, es un principio constitucional surgido de
la experiencia de las violaciones de dicho derecho a lo largo del siglo XX.
Pese a la probable deslealtad que manifestó en su momento el ponente
socialista, Peces Barba, que avisaba que la aplicación del principio dependería
de las mayorías en el legislativo y en el constitucional, la protección del
bien vida humana parece un elemento básico de nuestro orden jurídico. Sobre el mismo
ha habido un claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional que fijaba unos
mínimos legales de dicha protección. El caso es que por dos veces el Partido
Socialista rompió todo posible consenso y ha funcionado como agente del lobby
de las clínicas abortistas.
La reciente sentencia Morín prueba donde ha quedado la
protección jurídica y el rigor exigido por el Tribunal Constitucional. Conviene
destacar que ese asunto se destapó en un escándalo internacional cuando una
televisión danesa mostró cómo funcionaba el
negocio del aborto en España y como se sorteaban las indicaciones
legales hasta producir un turismo abortista desde países que supuestamente
tenían una legislación más laxa. Hace unos días el TSJA resolvía además, en
aplicación de la denominaba Ley Aido, que todo médico andaluz debía convertirse
en un propagandista de la práctica que está generando tan notables
“beneficios”.
Con una escalada que nos lleva a prácticamente un aborto por
cada 6 nacimientos, el Gobierno tiene la obligación de cumplir sus compromisos.
¿Con quién son esos compromisos? En primer lugar, el compromiso es con los valores que el
partido que sostiene al Gobierno viene proclamando sistemáticamente desde su
fundación; con la interpretación que fundamentó y ha sostenido siempre del
artículo 15; también
con el programa que presentó a las elecciones, con los dos recursos de
inconstitucionalidad que ha interpuesto
sucesivamente, con las argumentaciones que manejó en su oposición a la
radical Ley Aído y con los acuerdos internacionales firmados por España en
protección de las personas discapacitadas. Sobre todo, su compromiso, afirmado
reiteradamente por los dos ministros implicados y por el Presidente del
Gobierno, es con la voluntad de buscar
una legislación que frene la tragedia del aborto.
Si esto genera en la izquierda su tradicional ataque
comecuras o cristianófobo y en algún
portavoz parlamentario otra muestra de complejos, eso no es problema del
Gobierno.
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