miércoles, 17 de abril de 2013

Hoy en la Razón. Compromiso con el artículo 15 CE


Compromisos con el artículo 15 de la Constitución. Por José Miguel Serrano.

El reconocimiento del derecho a la vida de todos, se entiende de todos los seres humanos, es un principio constitucional surgido de la experiencia de las violaciones de dicho derecho a lo largo del siglo XX. Pese a la probable deslealtad que manifestó en su momento el ponente socialista, Peces Barba, que avisaba que la aplicación del principio dependería de las mayorías en el legislativo y en el constitucional, la protección del bien vida humana parece un elemento básico de nuestro orden jurídico. Sobre el mismo ha habido un claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional que fijaba unos mínimos legales de dicha protección. El caso es que por dos veces el Partido Socialista rompió todo posible consenso y ha funcionado como agente del lobby de las clínicas abortistas.
La reciente sentencia Morín prueba donde ha quedado la protección jurídica y el rigor exigido por el Tribunal Constitucional. Conviene destacar que ese asunto se destapó en un escándalo internacional cuando una televisión danesa mostró cómo funcionaba el  negocio del aborto en España y como se sorteaban las indicaciones legales hasta producir un turismo abortista desde países que supuestamente tenían una legislación más laxa. Hace unos días el TSJA resolvía además, en aplicación de la denominaba Ley Aido, que todo médico andaluz debía convertirse en un propagandista de la práctica que está generando tan notables “beneficios”.
Con una escalada que nos lleva a prácticamente un aborto por cada 6 nacimientos, el Gobierno tiene la obligación de cumplir sus compromisos. ¿Con quién son esos compromisos? En primer lugar,  el compromiso es con los valores que el partido que sostiene al Gobierno viene proclamando sistemáticamente desde su fundación; con la interpretación que fundamentó y ha sostenido siempre del artículo 15;  también con el programa que presentó a las elecciones, con los dos recursos de inconstitucionalidad que ha interpuesto  sucesivamente, con las argumentaciones que manejó en su oposición a la radical Ley Aído y con los acuerdos internacionales firmados por España en protección de las personas discapacitadas. Sobre todo, su compromiso, afirmado reiteradamente por los dos ministros implicados y por el Presidente del Gobierno,  es con la voluntad de buscar una legislación que frene la tragedia del aborto.
Si esto genera en la izquierda su tradicional ataque comecuras o cristianófobo  y en algún portavoz parlamentario otra muestra de complejos, eso no es problema del Gobierno.

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