La contradicción inherente al informe Sicard

Una vez conocido el texto completo del informe de la Comisión sobre el fin de la vida “Pensar el fin de la vida solidariamente” que se ha elaborado en Francia a petición del Presidente Francois Holland , no se puede ocultar una notable decepción ante alguna de sus conclusiones. El informe centra bien la cuestión al considerar que una ley, aún la alabada Ley Leonetti, no puede resolver todas las cuestiones prácticas respecto a los tratamientos al final de la vida. Es más, su apuesta por los tratamientos paliativos, por el cambio en  la formación médica e incluso por una nueva cultura médica es muy apreciable. Su referencia a la humanización de la medicina y su respeto a la conciencia   es igualmente encomiable. También es razonable su opción  por evitar nuevas modificaciones legislativas, que desaconseja, aunque ofrece consejos para el caso de que el gobierno decidiese emprender iniciativas en ese sentido. Finalmente centra bien el radical cambio de cultura que representaría la aceptación de la eutanasia.

Sin embargo, el informe entra de lleno en la paradoja que ya hemos observado en la jurisprudencia anglosajona y con más radicalidad en la práctica continental (caso Englaro)  respecto a la interrupción de ciertas medidas de soporte vital. La teoría es conocida, un sujeto puede negarse en el acto o por voluntad anticipada a ciertos tratamientos ( en los  que se incluyen medidas de soporte vital).

La cuestión discutible está en que no sólo se niega el tratamiento futil en sentido estricto sino algunos que se consideran gravosos. Pero al interrumpir ciertos “tratamientos” por ejemplo la hidratación, y no estando en una fase terminal inminente, se produce el efecto de que la retirada puede sentirse como más gravosa aún que el tratamiento , es decir, vemos la inhumanidad del acto humanitario. La opción sería sedar, pero la mera sedación no soluciona el problema de que el sujeto no esta en muerte inminente, luego la situación se prolongaría. Y he aquí cuando el informe se deja arrastrar por su paradoja. La única salida  se encuentra en un “gesto letal” forma de encubrir una eutanasia que no es la sedación terminal de la ley Leonetti, es decir, sedar hasta que se produce la muerte sino matar mediante la sedación.
Después de afirmar que la retirada de ciertos tratamientos no es matar sino dejar morir, se concluye que en ciertos casos no se puede ni dejar morir ni dejar vivir sino hacer un gesto letal con aplicación excesiva de sedantes. Y esto, por cierto, se dice  unos párrafos antes de que se expliquen  las razones por las que legalizar la eutanasia sería un acto inasumible con consecuencias sociales y culturales muy graves.

Da la impresión de que de nuevo estamos ante un informe fruto del compromiso de posturas, sin coherencia interna, que no sirve para aclarar la legislador las posiciones en presencia ni sus posibles efectos. Igualmente  el informe entra en un complicado discurso sobre el suicidio asistido, que no considera una opción si hay suficiente atención paliativa y del que dice que en la mitad de los casos autorizados no se realiza, presentándolo como una vía para disminuir la angustia, con ecos de Cioran y su afirmación de que lo que nos permite seguir viviendo es la posibilidad del suicidio. Para el caso de que el legislador asumiese la decisión de legalizarlo la Comisión pone una serie de condiciones que permiten dudar que se pueda realizar en la forma en la que se considera asumible.