El 18 de octubre se cumplió el primer aniversario de la
Sentencia Brüstle del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Como
consecuencia de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo
Alemán en un proceso a instancias de GreenPeace, el máximo Tribunal europeo
decidió que no eran patentables los procedimientos que incluyesen la
destrucción de embriones humanos. Igualmente, aclaró que la protección se
establecía respecto a todos los estadios de la evolución de cada ser humano
desde la fecundación del óvulo y, en consecuencia, eliminaba a estos efectos
jurídicos el concepto de preembrión que se arrastra en muchos países, entre
ellos España, desde el informe Warnock. Por otra parte precisaba en línea con
el informe del Abogado general Yves Bot que la razón por la que se adoptaba
esta exclusión era la defensa de la dignidad humana.
Aunque por razón de competencia esta resolución tiene efectos
sólo en lo que atañe a la patentabilidad, se trata de uno de los pasos más
decisivos para la protección del embrión humano desde el punto de vista
jurídico. Desde la Sentencia
se han dado pasos para la extensión de sus consecuencias a otros ámbitos. Así la Comisión de Asuntos jurídicos del
Parlamente europeo ha adoptado el 18 de septiembre una resolución a instancias
del eurodiputado Piotr Borys instando a que se tenga en cuenta la Sentencia a la hora de la
planificación de las investigaciones financiadas por el Programa Marco de
Investigación 2013-2020. Esto es, que no se financien con fondos comunitarios
investigaciones destructivas de embriones. Aunque la decisión no es definitiva
expresa la preocupación de un amplio sector de la Cámara, sector de carácter
internacional e interpartidario.
Coincide además este aniversario con el Nóbel concedido a Yamanaka que inició
una línea de investigación exitosa en medicina regenerativa precisamente por la
preocupación por la destrucción de embriones asociada a los intentos de
clonación y de trabajo con células estaminales de origen embrionario.
Y prácticamente el aniversario es simultáneo a la puesta en marcha de la iniciativa
popular europea a fin de que se extiendan en las legislaciones las
consecuencias que pueden derivarse de la
Sentencia del Tribunal de Justicia. Por supuesto es deseable
que España inicie los pasos para aproximar su legislación a los principios
arriba expuestos, alejándose de la deriva radical que se adoptó durante el
periodo Zapatero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario