Política digna. Hoy en La Razón.

Un nada sorprendente velo de silencio se ha extendido sobre la Sentencia Brüstle v Greenpeace que reforzó la protección del embrión humano frente a la industrialización, comercialización e investigación destructiva. Es notorio que no se presente un manifiesto para aplicar  una sentencia. Por ello, el manifiesto del 25 de marzo «Por una investigación biomédica eficiente, respetuosa con el ser humano y adecuada a la legislación europea», apoyado por una treintena de organizaciones y más de doscientos profesionales e investigadores   se dirige, por un lado, a la dirección de la política científica en España y, por otro, al legislador.

Se trata de entender la sentencia Brüstle del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un horizonte ético que debe guiar la acción de reconocimiento de la dignidad humana desde los primeros momentos de la vida del ser humano. No basta con la patentabilidad o no patentabilidad de los procedimientos, se trata de la necesidad de adecuar la propia Legislación española al nivel de mayor protección que el Tribunal Europeo fijó en el ámbito de su competencia. Estamos ante la oportunidad de profundizar en las exigencias de la Carta Europea y alinearnos con la parte más consciente de la Unión Europea. Una parte no precisamente alejada del avance científico sino involucrada en un avance éticamente comprometido.

La sentencia, por otra parte, se ha producido en el momento en el que se ha constatado el enorme avance en la Medicina regenerativa a partir de células adultas, y las nuevas vías abiertas por las células reprogramadas IPS. El manifiesto incide en la anormalidad de dedicar la parte del león de la financiación en la vía de las células producidas tras la destrucción de embriones, vía opuesta a las exigencias de la dignidad, vía no patentable tras la sentencia Brüstle y, finalmente, camino que no ha producido resultados clínicos hasta el momento.

José Miguel Serrano
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense