En torno a la posible modificación de la legislación sobre el aborto voluntario en España se ha abierto un debate sobre la posible hipocresía de la vuelta a las leyes «que no se cumplían» o «que obligaban a la mujer a mentir», e incluso sobre el «retroceso» de la reforma, aplicando en este segundo caso la teoría según la cual lo que hacen lo socialistas es avance y lo que hacen los demás sería siempre retroceso.
El Gobierno socialista impuso directamente contra la doctrina del Tribunal Constitucional un supuesto «derecho al aborto» que ignoraba todas las previsiones constitucionales sobre la protección de la vida humana no nacida. Recuérdese a estos efectos que se construyo la sorprendente teoría de que la vida prenatal de la especie humana no era humana: el famoso tópico Bibiano de que eran seres vivos y no humanos.
Los efectos de transformar la no penalidad en algunos casos en derecho han sido gravísimos, han sido intencionados por parte de los radicales y constituyen una tensión grave al sistema constitucional. Que las víctimas sean inermes no puede hacernos olvidar la gravedad de un asunto en el que el partido ahora gobernante se comprometió muy severamente durante la campaña electoral.
Al convertir el aborto en un derecho se estableció una facultad sádica cuyo contenido es el poder de destruir a voluntad otra vida humana.
Al mismo tiempo se convirtió la información sobre ese supuesto derecho en una obligación de todo médico, con los efectos que hemos visto en el discutido código deontológico Sendin. La agresión sobre el derecho de objeción de conciencia ha sido grave, pues la no colaboración en un grave mal se ha caracterizado como «ataque a un derecho subjetivo». Las consecuencias se extienden a la propia enseñanza de la medicina, en cuanto la Ley de Salud Sexual y Reproductiva pretendía que no pudiese enseñar ninguna persona o institución respetuosa con la vida humana.
Lo socialistas redujeron a la nada la protección de la vida prenatal prevista en la Constitución, lo hicieron sin consenso, incluso tensionando su propio partido. Su regulación es radical y contraria a la protección de la vida humana, amenaza a los médicos responsables y abandona a las mujeres; de hecho ha establecido de facto un «in dubio por aborto». Por eso debe cambiarse la regulación tal como ha previsto el Ministerio de Justicia.
El Gobierno socialista impuso directamente contra la doctrina del Tribunal Constitucional un supuesto «derecho al aborto» que ignoraba todas las previsiones constitucionales sobre la protección de la vida humana no nacida. Recuérdese a estos efectos que se construyo la sorprendente teoría de que la vida prenatal de la especie humana no era humana: el famoso tópico Bibiano de que eran seres vivos y no humanos.
Los efectos de transformar la no penalidad en algunos casos en derecho han sido gravísimos, han sido intencionados por parte de los radicales y constituyen una tensión grave al sistema constitucional. Que las víctimas sean inermes no puede hacernos olvidar la gravedad de un asunto en el que el partido ahora gobernante se comprometió muy severamente durante la campaña electoral.
Al convertir el aborto en un derecho se estableció una facultad sádica cuyo contenido es el poder de destruir a voluntad otra vida humana.
Al mismo tiempo se convirtió la información sobre ese supuesto derecho en una obligación de todo médico, con los efectos que hemos visto en el discutido código deontológico Sendin. La agresión sobre el derecho de objeción de conciencia ha sido grave, pues la no colaboración en un grave mal se ha caracterizado como «ataque a un derecho subjetivo». Las consecuencias se extienden a la propia enseñanza de la medicina, en cuanto la Ley de Salud Sexual y Reproductiva pretendía que no pudiese enseñar ninguna persona o institución respetuosa con la vida humana.
Lo socialistas redujeron a la nada la protección de la vida prenatal prevista en la Constitución, lo hicieron sin consenso, incluso tensionando su propio partido. Su regulación es radical y contraria a la protección de la vida humana, amenaza a los médicos responsables y abandona a las mujeres; de hecho ha establecido de facto un «in dubio por aborto». Por eso debe cambiarse la regulación tal como ha previsto el Ministerio de Justicia.
José Miguel Serrano
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense
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