Puede pensarse que el PP no debe sentirse obligado por la reforma Aznar de 1997, la denominada reforma anti-Garzón que evita la vuelta al destino al juez que pasa a la política y que perjudicaba respecto a otros funcionarios a los jueces que iban a servicios especiales. Menos aún debía sentirse obligado el Psoe, a pesar de que en principio fue el gran perjudicado del famoso golpe de mano de Felipe González que se llevó y engañó la vanidad absoluta de don Baltasar. Pero si la vuelta o no de los jueces es discutible, y las condiciones legislables tras amplia discusión, hay varias cosas en la reforma por vía “social” de la LOPJ que llaman la atención.
La primera, por supuesto, es el uso de una norma para cambiar otra mediante una enmienda extensiva, introducida casi a traición, sobre todo cuando la segunda tiene la trascendencia que debe reconocerse a las medidas en torno a la independencia de los jueces. El procedimiento legislativo tiene sus razones, aspira a que la norma surja tras discusión pública, continuada, con tomas de posición, y no a traición, de tapadillo, por pactos en no se sabe que pasillo. Eso que llaman calidad democrática, y que otros preferimos denominar decencia, tiene sus reglas y esta reforma las incumple todas.
También puede pensarse que cuando un Estado diseña un organismo tan caro como el Consejo General del Poder Judicial podría usarse para cumplir alguna de sus funciones y debió pedirse informe al mismo, al menos para que la discusión se generalizase y pudiese argumentarse desde las distintas posturas.
Finalmente, el efecto inmediatamente retroactivo de la ley nos hace pensar que los diputados salientes de una legislatura han procurado un arreglo para alguno de sus compañeros o, más precisamente, algunos han buscado su propia solución.
En todo caso lo acontecido parece una desmesura, pero Zapatero parece que no tiene límites en su esfuerzo por colocar a sus colaboradores, después de la vergüenza a la que nos ha sometido con el caso Bibiana Aido, colocándola en la ONU a cambio de correr con los costes del cargo, como antaño hacían los ricos con el hijo poco aventajado. La reforma se llama Alonso o al menos eso es lo que parece.
Las razones del PP para apoyar este atajo parecen un misterio, uno de esos misterios parlamentarios, que en las actuales circunstancias son inexplicables.
La primera, por supuesto, es el uso de una norma para cambiar otra mediante una enmienda extensiva, introducida casi a traición, sobre todo cuando la segunda tiene la trascendencia que debe reconocerse a las medidas en torno a la independencia de los jueces. El procedimiento legislativo tiene sus razones, aspira a que la norma surja tras discusión pública, continuada, con tomas de posición, y no a traición, de tapadillo, por pactos en no se sabe que pasillo. Eso que llaman calidad democrática, y que otros preferimos denominar decencia, tiene sus reglas y esta reforma las incumple todas.
También puede pensarse que cuando un Estado diseña un organismo tan caro como el Consejo General del Poder Judicial podría usarse para cumplir alguna de sus funciones y debió pedirse informe al mismo, al menos para que la discusión se generalizase y pudiese argumentarse desde las distintas posturas.
Finalmente, el efecto inmediatamente retroactivo de la ley nos hace pensar que los diputados salientes de una legislatura han procurado un arreglo para alguno de sus compañeros o, más precisamente, algunos han buscado su propia solución.
En todo caso lo acontecido parece una desmesura, pero Zapatero parece que no tiene límites en su esfuerzo por colocar a sus colaboradores, después de la vergüenza a la que nos ha sometido con el caso Bibiana Aido, colocándola en la ONU a cambio de correr con los costes del cargo, como antaño hacían los ricos con el hijo poco aventajado. La reforma se llama Alonso o al menos eso es lo que parece.
Las razones del PP para apoyar este atajo parecen un misterio, uno de esos misterios parlamentarios, que en las actuales circunstancias son inexplicables.
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