Artículo sobre la nueva ley preutanásica.

Escrito ayer desde Barcelona y publicado hoy en la Razón. No tengo fotos del acto de la UIC sobre voluntades anticipadas.

Ha presentado el Gobierno su nueva ley, una semana después, curiosamente, de la norma sobre modificación de servicios funerarios. Más allá de la suspicacia que despiertan todas las medidas de transformación social del Gobierno, y de la insistencia en considerar la sedación terminal no una indicación sino una especie de derecho a la carta, la norma ha sido criticada con acierto por la oposición desde la perspectiva de la necesidad de que los derechos vayan acompañados de políticas sociales. En efecto, las supuestas nuevas garantías se encuentran en lo bueno ya en nuestra legislación. Sin tanto preanuncio de derechos la extensión de los cuidados paliativos necesita un Plan Nacional y recursos. Una característica de los países avanzados del Tercer Mundo es que proclaman más derechos que nadie pero no cubren con políticas ni los mínimos éticos. En esto nuestra nueva posición se consolida. A riesgo de ser tachado de antipatriota veo que nuestro camino es ése, recortes sociales con afirmaciones de derechos. Algo se ha logrado sin embargo respecto a los primitivos propósitos gubernamentales cuando se modifica el nombre de la norma que ya no incluye el concepto eutanásico de muerte digna. Habrá que ver cómo quedan las menciones a la lex artis y la deontología médica y, sobre todo, la objeción de conciencia tanto individual como institucional. En esos puntos se juega la credibilidad de una norma presentada en los estertores de la Legislatura y que como mínimo no ha tenido hasta el momento el necesario consenso de las sociedades profesionales ni de la oposición.

José Miguel Serrano es profesor titular de Filosofía del Derecho en la UCM