Caen las pensiones, se mantiene la oligarquía política.

Como señaló con claridad meridiana Ronald  Syme en su indispensable La revolución romana:  “En todas las edades, cualquiera que sea la forma  y el nombre del gobierno, sea monarquía, república o democracia, detrás de la fachada se oculta una oligarquía”. Es pues indispensable, a la hora de observar las  reformas que sufrimos, que determinemos hasta qué punto la oligarquía española se ha hecho copartícipe de los  sacrificios fruto de la crisis económica.(publicado en el confidencial digital)

Tiene el término reforma entre nosotros dos acepciones. Cuando se refiere a las condiciones de trabajo, situación general de los empleados públicos, salarios industriales, impuestos, pensiones o  garantías laborales,   el término es sinónimo de recorte; más desde el momento en que la crisis y el hundimiento de los totalitarismos comunistas quitaron el miedo y permitieron suprimir lo que antes se denominaba “lo social”. Si en esta esfera escuchas reforma esconde el monedero.
Cuando se refiere a la subvenciones de los órganos de poder, desde partidos a sindicatos, la creación de consejos asesores, consejos económicos y sociales, parlamentos, defensores, inspectores, planes locales y nacionales,  el denominado reparto de competencias- que nos es otra cosa que la exigencia de las oligarquías locales-, las leyes protectoras del aparato cultural ( de poder), reforma siempre ha sido aumento, refuerzo, protección.
Así  España  han denominado reforma a un triple acto:  1 recorte de los salarios de los  empleos públicos, 2 reducción futura de pensiones por vía de aumento de los años de cálculo ( hasta un veinte por ciento), 3 aumento de los años cotizados exigidos para la pensión máxima. Esto se traduce en un tijeretazo brutal a la pensión a la que puede aspirar y cobrará , por ejemplo,  un funcionario. Paralelamente se habla mucho, pero no se ha visto ni el más mínimo recorte en los gastos que la oligarquía realiza para mantenerse en el poder. Gastos que van desde el aparato del estado autonómico hasta las subvenciones a los medios de comunicación  públicos y no tan públicos.
El sacrificio ha sido unilateral, lanzado con el beneplácito de los distintos órganos de poder, como los sindicatos, sobre las espaldas de la ciudadanía. Es más fácil reducir de golpe todas las pensiones futuras que centralizar una competencia, reducir el peso de las campañas políticas o quitarle un poquito a cada partido. La necesidad de reducción del déficit obligaba, obligará aún más en el futuro, a priorizar los gastos y los recortes. Hasta ahora todo ha ido  en un solo sentido.