EL CAMBIO DE DISCURSO EN LA BIOÉTICA
ponía en la construcción de una bioética “neutral”, “surgida del común denominador”,
que incorporase “los valores Constitucionales” y “los derechos humanos”.
El enemigo a batir parecía una bioética “confesional” o, al menos, “filosóficamente
parcial”. La legislación, evidentemente, debería inspirarse en esta
bioética y no en ninguna de aquellas, cumpliendo las condiciones del primer
Rawls de impedir el acceso al ámbito público de las posiciones omnicomprensivas.
El propio Rawls reconocería con el tiempo que este juego era un tanto
parcial en cuanto ignoraba la aportación de las diferentes posiciones omnicomprensivas
al acervo común. En cierta forma ese primer discurso confundía la
labor legislativa con la labor de reflexión bioética. No entramos, por otra parte,
en dos problemas vinculados a la primera bioética: uno sería el que Kass
definió como “bioética complaciente”, es decir, la tendencia bioética a aprobar
cualquier pretensión de acción basada en la
técnica siempre que esta se encontrase
avalada por lo que denominaríamos voluntad de
poder; el otro sería si la bioética en su
vinculación original a la “deep ecology” no
estaría en si misma y de forma inevitable
destinada a ser un artefacto ideológico. Sin
embargo, la primera bioética parecía cumplir un
objetivo social importante para quienes
sostenemos una posición basada en la
subsidiariedad y en la limitación de la “función
ética del estado”. Esto es, que la ampliación de
las áreas de reflexión plural, que la creación de
comités, que la multiplicación de la acción del
Estado no se tradujese en la imposición de una
ideología a través del Leviathan.
Estas precauciones elementales parecen romperse con las últimas normas
que inciden de una forma u otra en la esfera bioética. Por la vía de la
promoción supuesta de “derechos” o de “opciones de progreso” el Estado
parece querer eliminar la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia e
incluso discriminar a quienes manifiestan una posición contraria a las posturas,
algunas de ellas muy opinables, expresadas en cada ley.
No es exagerado decir que esto pone en riesgo libertades básicas de los
ciudadanos, pues coarta derechos fundamentales en nombre de la posición
escasamente mayoritaria en una determinada legislatura. Lo malo es que
quienes deben articular la respuesta política a este problema, que es esencialmente
político en cuanto implica el cambio desde la esfera pública del modelo
de sociedad, no están a la altura de las circunstancias y no observan el enorme
incluso discriminar a quienes manifiestan una posición contraria a las posturas,
algunas de ellas muy opinables, expresadas en cada ley.
No es exagerado decir que esto pone en riesgo libertades básicas de los
ciudadanos, pues coarta derechos fundamentales en nombre de la posición
escasamente mayoritaria en una determinada legislatura. Lo malo es que
quienes deben articular la respuesta política a este problema, que es esencialmente
político en cuanto implica el cambio desde la esfera pública del modelo
de sociedad, no están a la altura de las circunstancias y no observan el enorme
riesgo con el que nos enfrentamos.