Carta de ANDOC sobre la sorprendente postura proabortista de la OMC

Estimada/o Presidenta/e:

La Declaración institucional de la Asamblea General de la OMC, del pasado 15

de febrero, relativa al Anteproyecto de Ley sobre Derechos del Concebido y la Mujer

embarazada, nos ha causado una enorme perplejidad y pena.

Entendemos que supone un cambio sustancial en la línea que durante años ha

venido manteniendo esa institución colegial y, más en particular, su Comisión

Deontológica con relación a la postura de los médicos respecto al derecho a la vida del

no nacido, a la libertad de conciencia de los profesionales y a su actitud ante el ser

humano enfermo o en situación de fragilidad.

No es fácil comprender cómo se puede sostener, sin incurrir en una flagrante

contradicción, el principio de respeto a la vida y a la dignidad humana desde la

concepción hasta la muerte (artículos 5,1 y 51.1 Código Deontológico), y aceptar una

gradualidad en la identidad y dignidad del ser humano, según su estado de desarrollo; y

aún menos, privarla de protección ante la posibilidad de que pueda padecer alguna

discapacidad por causas genéticas o de otro tipo, cuestionando el deber de atender sin

discriminación alguna a sus pacientes (artículo 5.1). Por su parte, la Convención de la

ONU sobre derechos de los discapacitados, consagra el derecho a la vida “… de todos

los seres humanos” e invita a todos los Estados a “a adoptar las medidas necesarias

para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en

igualdad de condiciones con las demás” (artículo 10); por tanto, no parece que

contemple excepciones a ese derecho en el caso de “malformaciones graves”. En ese

sentido, nos parece muy oportuna la propuesta incluida en el n. 6 del documento de

“promocionar y favorecer activamente políticas específicas y de apoyo económico a la

maternidad”.

De otra parte, nos parece ambigua la afirmación de que el anteproyecto

“considera de antemano a la mujer que aborta como una enferma mental”;

entendemos más bien que ese diagnóstico se hace a posteriori del embarazo, en atención

a que ese hecho le ocasione “un grave peligro para su salud psíquica”. Sobre ese punto,

desde luego, es coherente que la OMC pida que lo certifiquen dos psiquiatras ajenos al

centro donde se practique el aborto. Pero, en todo caso, no se puede olvidar que en

España hasta el 2010, más del 90% de los abortos se practicaron bajo el paraguas de la

“salud psíquica”: un auténtico “coladero”, cuya magnitud ha quedado de manifiesto a

partir de la ley vigente, cuando la inmensa mayoría de las demandas de aborto, se han

“desplazado” hacia el aborto a petición dentro de las 14 semanas.

De igual modo, nos parece muy grave esa visión trivial de la objeción de

conciencia de los médicos, a pesar de la claridad con que se expresan las normas

deontológicas sobre este derecho esencial, que garantiza la libertad e independencia del

quehacer médico (artículo 32, 2 CEDM). No nos parece lícito que una institución a la

que los médicos han confiado la defensa de sus derechos, condicione su ejercicio a un

particular modo de entender, desde fuera, qué sea una intervención directa o indirecta en

en un documento como la derivación, necesario para que se pueda realizar el aborto.

Pensamos que, por muy loable que parezca, no es función del médico “conciliar

sensibilidades diferentes”, asumiendo un papel que, en su caso, correspondería a la

instituciones políticas. El deber del médico será más bien, tratar de vivir sus

compromisos deontológicos, conforme a los principios éticos que atañen a su profesión:

respetar la vida humana; curar o, al menos, aliviar la enfermedad; no dañar ni abandonar

a sus enfermos, diagnosticar conforme a la evidencia, no discriminar a sus pacientes;

contar con una adecuada preparación, etc.

Con el debido respeto y, desde luego, sin ánimo de prejuzgar intenciones,

consideramos que la OMC, como representante de todos los médicos y garante de la

deontología, debe obrar con enorme prudencia para no dar siquiera la impresión de que

favorece determinados postulados ideológicos o políticos, por muy legítimos que

parezcan. Cuando los médicos, a lo largo de la historia, han asumido o se han visto

obligados a aceptar criterios ideológicos sobre temas científicos y profesionales, se han

derivado consecuencias fatales no solo para ellos, sino también para la confianza que

debe presidir las relaciones con sus pacientes.

Estas reflexiones están escritas desde el dolor y la preocupación que como

representantes de una entidad que agrupa a cientos de profesionales sanitarios nos ha

producido esta Declaración. No es nuestra intención dar lecciones de Derecho o de ética

a nadie y menos a los legítimos representantes de los Colegios; sino sencillamente

manifestar las razones por las que, como profesionales, no nos sentimos identificados

con la línea adoptada por la OMC.

Un cordial saludo,

María Dolores Gómez Armenteros Dr. Enrique Caro Cruz.

Farmacéutica Comunitaria. Pediatra. Dr. en Medicina Universidad de Granada

Presidenta de ANDOC Vocal de ANDOC