Comparto otro escolio de Gómez Dávila: "Los que denuncian la esterilidad del reaccionario, olvidan la noble función que ejerce la clara proclamación de nuestro asco"

"Los que denuncian la esterilidad del reaccionario, olvidan la noble función que ejerce la clara proclamación de nuestro asco"

Clara descripción de mi actitud y de mis futuras acciones cuando alguien cometa la impudicia de pedirme un voto.

Lo peor es el motivo. Hoy en La Razón.

Lo peor es el motivo . Por José Miguel Serrano.

Del anuncio del Presidente del Gobierno de ayer, por el que retira la Ley de Protección de la vida prenatal y los derechos de la mujer embarazada lo peor, con mucho, es el  motivo.

En efecto, Rajoy no nos ha explicado que por algún sorprendente cambio de fuerzas en el Grupo Parlamentario que le apoya o en el Partido que dirige ha descubierto que las dudas de inconstitucionalidad sobre la Ley Aído se han disipado, que el cambio en la postura marcada por la reiterada jurisprudencia constitucional no había sido tal y que la interpretación de que un informe cerrado protege el valor vida prenatal suficientemente  que hizo la mayoría en la legislatura anterior  es correcta, ahora, a la luz de algún sesudo informe jurídico elaborado por algún gabinete de estudios.

Es más, en la supuestamente controvertida información de los órganos asesores durante la tramitación del Proyecto Gallardón, si hubo un acuerdo,  este era que hacia falta una nueva legislación que corrigiese los aspectos mas hirientes de la Ley Aído.

El Presidente del Gobierno ha cedido a la tentación de seguridad que le proporciona la insegura encuesta de su asesor y al hacerlo ha realizado una serie de renuncias.

La primera es la de mantener al Partido Popular como un garante de los acuerdos del 78 y de la interpretación constitucional subsiguiente. Ahora basta que los otros partidos rompan el consenso en una dirección radical para que sepamos que la respuesta del Partido Popular será aceptar la nueva situación, conservador entonces del último programa socialista o radical, a la espera de que a estos se les ocurra otra ruptura a la que se sumará el Partido Popular que pasa a ser el partido de las cosas como están o si se quiere de las cosas como las deja el PSOE o quien sea.

La segunda es la renuncia del PP a sus principales  señas de identidad ideológica. Señas reiteradas al menos retóricamente como la garantía de la separación de poderes, la defensa estricta de las libertades formales, la unidad nacional parecían unidas en el “ideario” a la protección de la vida humana y de la familia. Con la declaración de ayer el Presidente ratifica que eso sólo parece relevante si se logra un consenso con las fuerzas que mantienen una interpretación radicalmente distinta de esos principios en sus idearios.

En tercer lugar, Rajoy renuncia y pretende que todos renunciemos a la memoria. Decir que una ley como la del aborto no puede ser objeto de legislación sin consenso para que no se cambie por cada Gobierno supone olvidar que toda la legislación sobre ese aspecto en la etapa constitucional ha sido impuesta por un partido contra la opinión del partido del Presidente Rajoy y que siempre este ha recurrido al Tribunal Constitucional ante la acción unilateral de los radicales.

Finalmente Rajoy ha renunciado al Ministro de Justicia, el miembro de su Gobierno que ha mostrado más generosidad, el único que ha puesto su cargo en juego por un valor, por un principio, por la coherencia con el programa electoral y con el ideario hasta ahora proclamado.

La débil apelación al consenso, que no se ha logrado en ningún otro aspecto de la tarea de Gobierno en esta legislatura, apenas encubre los verdaderos motivos,  públicos tras la reunión de Sigüenza. Los que desde el principio mantuvieron la posición proabortista llevaron una encuesta

No sabemos que le dirán  las encuestas de Arriola respecto al impacto de la medida en quienes alguna vez han creído en los compromisos electorales del Partido Popular, pero algunos podemos pensar que ayer el Presidente se jugaba, y ha perdido,  algo más que un puñado de votos.

El valor de la palabra dada. Hoy en La Razón.

La palabra dada. Por José Miguel Serrano. Miembro del Comité de Bioética de España.

Cuando el Gobierno Zapatero, maximalista rompedor de acuerdos constitucionales, radical, que pretendió expulsar a la mitad del espectro político español del orden político reconstruido, revanchista, constructor de un cordón sanitario contra el Partido Popular, lanzó la Ley Aido, el Partido  ahora gobernante entendió que la citada norma, que pasaba por encima de las exigencias constitucionales de protección de la vida humana naciente, era una norma inconstitucional. No sólo se aprobaba sin el acuerdo del principal partido de la oposición sino que creaba una regulación radical que se oponía a lo legislado en 1978. En última instancia rompía las exigencias del propio Tribunal Constitucional que definía lo que se había constitucionalizado unos años antes. Por eso el Grupo Popular planteó un recurso de inconstitucionalidad. Frente a lo que se ha dicho por algún bobo, un recurso de inconstitucionalidad no se plantea por alguna duda, eso es una frivolidad, sino por la convicción de que una norma es  contraria a la Constitución. Los motivos por la que la Ley Aído es contraria a la Constitución Española están expresadas en el recurso que el Grupo Parlamentario Popular presentó ante el Tribunal Constitucional, En él todos los firmantes, sin excepción, se retratan sobre lo que opinaban ante la norma radical construida sobre el concepto de salud sexual y reproductiva y que ignora voluntariamente lo que protege la Constitución española. Esto es, el derecho a la vida de concebido no nacido.

Posteriormente, la reacción ante  el radicalismo zapateriano dio lugar a un nuevo gobierno, con mayoría parlamentaria suficiente para enmendar los agravios cometidos unilateralmente durante aquel periodo. Agravios que llevaron a la exclusión de un amplio número de ciudadanos y de su representación política de la vida pública. Entre estos agravios no era el menor el sectarismo antivida que pudimos ver en aquellos años.

El Gobierno que nació de la respuesta cívica a todo aquel atropello estaba plenamente justificado para emprender una labor legislativa que pusiera fin a tanto abuso. Cuando alguien plantea ante el Tribunal Constitucional no la duda  sino la convicción, de que algo es gravemente atentatorio contra el derecho sustentatorio de todos los derecho: el derecho a la vida, luego no puede hacer un como si- Un como si no hubiera pensado eso, como si no hubiera una convicción de constitucionalidad, como si no hubiera adquirido una obligación ante sus electores.

El Gobierno Popular, en consecuencia, planteó una legislación correctora del abuso  perpetrado por el maximalismo zapaterista. Y ha actuado correctamente. Elaboró un Antproyecto  centrado en la protección de la vida prenatal y en la defensa de los derechos de la mujer embarazada. Lo sometió, con el suficiente tiempo, a informe de los órganos asesores del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Comité de Bioética de España. Debo recordar que la radical Ley Aido no consiguió dictamen del CGPJ, tuvo una feroz crítica del Consejo Fiscal y no pidió informe al Comité de Bioética de España.

Los dictámenes del Proyecto Gallardón , por el contrario, han obtenido una clara unanimidad.  Los órganos asesores del Estado y sus miembros hemos podido discrepar en aspectos de la nueva ley, eso es lo lógico, pero no en su necesidad, en su exigencia desde las perspectivas de justicia y de la constitucionalidad.

Finalmente, cuando todos esperábamos un Proyecto final  que recogiese las posiciones manifestadas,  y que diera lugar al debate parlamentario que sirve para construir una ley libre de las objeciones hasta ahora planteadas , nos encontramos con una inexplicable retirada a la mitad del proceso, como si toda esta labor de presentar recursos de inconstitucionalidad,  programas electorales,  anteproyectos de ley, informes de órganos de rango constitucional y legal, fuera una labor frívola, enmendable en un cursillo de verano en Sigüenza.

De defensor del orden jurídico esencial, del acuerdo constitucional, el Gobierno puede pasar a un oportunista calculador de beneficios y perjuicios a corto plazo. Uno se retrata por sus actos y se define por sus cumplimientos e incumplimientos.

Filisteos

“Fueron estos objetivos estatales de la filosofía de la universidad los que le confirieron al hegelianismo un favor ministerial tan insólito. Ya que, para éste, el Estado es “el organismo ético absolutamente perfecto”, con lo que permite que el Estado absorba la entera finalidad de la vida humana. ¿Podría darse mejor disposición que ésta para futuros licenciados en Derecho e inminentes funcionaros del Estado? De ella se sigue que toda su esencia y su ser, en cuerpo y alma, quedan por entero entregados al Estado, como los de la abeja a su colmena, y que sólo tienen que trabajar, en este mundo y en el otro, para contribuir, como si fuesen útiles engranajes, a la conservación de la gran maquinaria del Estado, y al desarrollo del mismo, ultimus finis bonorum. Se trata, en fin, de una verdadera apoteosis del filisteísmo, en la que el licenciado en Derecho y el hombre serían una misma cosa.”