martes, 16 de abril de 2013

Texto escándaloso del TSJA de Andalucia contra la objeción de conciencia en aborto.

Esto es lo que el TSJA, y específicamente José Baena de Tena deduce de la Ley Aído y de la Constitución Española. Lo grave no es sólo que límite la objeción de conciencia de las personas que pueden verse relacionadas con la práctica de abortos sino que reduce el derecho a lo que pueda conceder el legislador. En el espíritu de esta resolución el objetor aparece como un "obstáculo" inadecuado a la realización de una política gubernamental o a un "derecho al aborto".
Por eso es urgente que la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, sobre la que se extendió ayer Ruiz-Gallardón, tenga como mínimo de los mínimos aceptables un reconocimiento amplio de la objeción de conciencia en línea con lo dispuesto en legislaciones como la Alemana o Estadounidense.

Éste es el párrafo que explicita una visión ·"socialista" de la objeción de conciencia:

"De lo que se deduce que, ante todo, que (los dos ques son del original) el derecho a la objeción de conciencia en relación a la interrupción del embarazo no es un derecho fundamental que  quepa incardinarlo en el art 16,1 de la Constitución que, por el contrario es objeto de una regulación legal ordinaria, a la que el interesado debe sujetarse en cada caso concreto estando excluida de la misma la atención médica anterior y posterior propia de la interrupción del embarazo."

La redacción confusa probablemente muestra una concepción confusa. Además lo debatido es la participación en informaciones que conducen a la práctica sobre la que se objeta. Considerando además que la Ley Aído había hecho supuestamente de la información, una vez solicitada la práctica,  un medio de protección de la vida del nasciturus. Esto prueba que la información realmente es concebida como medio de promocionar una práctica de salud reproductiva, información ideologizada respecto a la que al parecer no cabría objeción.

El legislador debe remediar esta interpretación de la Ley contraria a los principios constitucionales, limitativa de derechos y que no dejaría a los profesionales conscientes otra alternativa que la insumisión.

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