domingo, 14 de abril de 2013

A propósito de la Sentencia del TSJA contra la conciencia

Este artículo lo publiqué en la gaceta de los negocios en julio de 2009. Vuelve a ser actual.


Gaceta de los Negocios
Mucho estamos hablando de objeción de conciencia desde que el ministro de
Justicia se descolgó con teorías jacobinas sobre el peso que tiene el Estado en las
conciencias personales.
Salvo la completa supeditación al Estado, parece que se
ignora completamente la existencia de absolutos morales, es
decir, prohibiciones de hacer que correctamente entendidas
no admiten excepciones y que llevan a la conciencia,
correctamente formada, a arrastrar las consecuencias que se
derivan de la negativa a participar activamente en
determinados actos.
Siempre se ha considerado que la negativa de Sócrates, cuando le llamaron al Tolo,
a participar en un crimen ordenado por los Treinta Tiranos es el ejemplo más claro
de comportamiento de conciencia. Cierto es que los tiranos lo eran de origen, pero
también que la definición de los mismos se reforzaba en el ejercicio por su
pretensión de que ciudadanos mataran a otros ciudadanos.
En este sentido, la participación en un aborto supone el incumplimiento directo del
absoluto moral “No matarás al inocente”, que por su propio carácter no admite
excepciones. Si una norma, como la que enfrentamos en estos momentos en
España, intenta obligar a alguien a participar en este acto, la norma es tiránica por
mucho encubrimiento políticamente correcto que se intente. El Estado no tiene
derecho a ordenar eso y nosotros no podemos admitir que lo ordene y desde luego
no debemos, bajo ninguna circunstancia, obedecerlo.
El Gobierno llama a esto desobediencia civil y nosotros libertad personal que debe
ser respetada, no ya por todo Estado democrático, sino por cualquier autoridad
medianamente decente. Por la propia naturaleza del acto, lo normal es que la
mayoría de los ciudadanos no nos enfrentemos nunca con la obligación que
pretende crear la norma. Se ha hablado mucho de la obligación deontológica,
definidora de la profesión médica, de no participar en abortos.
La prohibición se mantiene desde el juramento hipocrático, en una época en la que
no predominaba, por cierto, la sutileza hacia la vida. Es por ello que en sentido
estricto los empleados de abortaderos no son médicos. Pero sería demencial que los
ciudadanos considerásemos la cuestión un problema puramente deontológico del
que sólo deben ocuparse las asociaciones profesionales.
Una norma que pretende obligar, pues si no se les condenaría a la sanción o la
discriminación profesional, al personal sanitario a participar en un aborto es un
problema social de primer orden, que nos afecta a todos. Está en juego la libertad

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